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En enero de 1759 se reunieron varios distinguidos letrados del foro novohispano para acordar la fundación del que luego fue el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, quienes elaboraron sus primeros estatutos, los cuales recibieron la confirmación del Rey D. Carlos III, mediante una real cédula fechada el 21 de junio de 1760.

El Colegio se erigió inspirado en corporaciones análogas existentes en el antiguo régimen, especialmente en el Colegio de Abogados de Madrid. Los propósitos que tenía eran; el ejercicio del mutualismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Para cumplirlos contaba con un enorme privilegio: sólo los matriculados serían aceptados como litigantes en las Audiencias de la Corte de México.

Después de casi cincuenta años de vida el Colegio redactó nuevos estatutos, los cuales fueron publicados en 1808 y recogieron importantes novedades surgidas de una rica experiencia que trató de ajustar, en lo más posible, la normatividad del Colegio de Abogados de Madrid a la realidad novohispana. Dichos estatutos de 1808 eran los que regían en el Colegio al consumarse la Independencia. Es de hacer notar que el Ilustre y Real Colegio de Abogados, preocupado por la formación intelectual de los jóvenes aspirantes a la abogacía, en 1809, abrió las puertas de la Academia Pública de Jurisprudencia Teórico Práctica y Derecho Real Pragmático, que fue uno de los pilares de la educación jurídica del foro capitalino hasta bien pasada la primera mitad del siglo pasado. Su origen está en una real cédula de 3 de abril de 1794 que autorizó la fundación de la Academia, al mismo tiempo que ordenó que sus constituciones se acomodaran a las de la Academia de San Isidro del Real de Madrid.

Diferentes problemas impidieron que desde luego se ejecutaran dichas órdenes, pero cuando al fin se hizo, la Academia contó con un grupo de directivos notables: el oidor D. Ciriaco González Carvajal, el ex rector del Colegio D. Juan Barbei, D. Francisco Primo de Verdad y Ramos, regidor honorario de México, y otros. Como entonces el Colegio no tenía un inmueble propio donde alojar a la Academia, las sesiones de ésta fueron en el Colegio de San Ildefonso. A sus lecciones asistieron un sinnúmero de individuos quienes, con el paso del tiempo, fueron honra de los foros de todo el país. De cierto modo el Colegio hoy continúa esta tradición mediante el patronazgo de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, que fue fundada en 1912.

Por mucho, uno de los aspectos de más interés del Colegio virreinal, es el papel político que tuvieron algunos de sus miembros en los años de la Guerra de Independencia. En efecto, desde el enfrentamiento entre el ayuntamiento de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808, hasta el triunfo del Ejército Trigarante y de Agustín de Iturbide en 1821, estuvieron en la primera línea de los acontecimientos varios abogados del Colegio: D. Francisco Primo de Verdad y Ramos, D. Juan Francisco de Azcarate, D. Carlos María de Bustamante y D. José Miguel Guridi y Alcocer, por solo mencionar a algunos.

Con la independencia de México el Colegio sufrió importantes modificaciones: se suprimió su estatuto de limpieza de sangre, cambió su nombre y, especialmente, perdió el antiguo privilegio de que sólo sus miembros pudieran ejercer la abogacía. El conocido decreto de 1° de diciembre de 1824 estableció la libertad de incorporación o matriculación. Lo anterior llevó a que el Colegio entrara en una fase crítica, de la cual se levantó con nuevos estatutos. Éstos, suscritos el 22 de marzo de 1829 y publicados en 1830, acomodaron la vieja institución a las realidades del momento, eliminaron muchos de sus aspectos corporativos e hicieron hincapié en su carácter de asociación científica y académica, amén de mutualista.

Al amparo de estos nuevos estatutos, el Colegio comenzó una etapa de florecimiento y actividad bastante importante: cumplimiento puntual de las obligaciones estatutarias, actividad de los miembros de la Junta Menor, festejos solemnes concurridos, exámenes verificados con toda circunspección, aumento de la matrícula del Colegio, y, especialmente, la reinauguración de la Academia, la cual, tras haberse desorganizado, fue puesta bajo la supervisión del Colegio por ley de 28 de agosto de 1830 y reabrió sus puertas el 9 de enero de 1831; tenía entre sus funciones examinar a los aspirantes al ejercicio profesional.

En 1854 se recogieron las reformas hechas hasta entonces a los estatutos de 1829, en una nueva edición de la normatividad del Colegio. Ésta incluyó lo ordenado sobre la Academia, la cual había recibido sus propias reglas desde 1852.

En 1860 el Ilustre Colegio de Abogados tenía una matrícula que incluía 1132 letrados de toda la República y, por tanto, a través de sus miembros, su papel en el foro de entonces fue de gran importancia. Sin embargo, fue extinguido por decreto de 15 de abril de 1861. Su artículo 30 ordenó que en adelante los abogados se examinarían ante el Tribunal del Distrito y en el Colegio de Jurisprudencia, que entonces se fundó. Por ende, a los ojos del legislador, no tenía sentido que siguiera existiendo el Colegio. Sólo la habilidad y el desinterés de los licenciados D. Eulalio Ortega, D. José Fernando Ramírez y D. Bernardo Couto pudo detener tan injusto e impolítico golpe.

En efecto, entonces el Colegio pidió al gobierno echar marcha atrás, porque la disposición de marras, además de ser contraria a la garantía constitucional de libre asociación, no tomaba en cuenta que el Colegio, también tenía funciones científicas no vinculadas a la Academia o a la enseñanza formal del derecho y llevaba a cabo actividades mutualistas, todo sin costo para el erario. El gobierno desistió de su intento, pero también ordenó al Colegio cambiar su estructura.

Producto de esta nueva reforma fueron los estatutos de 1863. Éstos, entre otras cosas, separaron a la Academia del Colegio, lo cual liberó a éste de seguir la suerte de aquella, en caso de que las leyes sobre instrucción pública volvieran a arremeter contra la añeja institución. También declararon al Colegio independiente de las discusiones ideológicas.

Una de las preocupaciones antiguas del Colegio era el honorable desempeño de la abogacía por sus miembros. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que sus estatutos se ocuparan directamente de tan importante asunto. Fue hasta 1891 cuando se incluyó en la organización del Colegio un Consejo de Disciplina que debía cuidar del decoro y la moderación en el ejercicio profesional, con facultades, inclusive, para expulsar a aquellos sujetos que se habían hecho culpables de faltas a la ética profesional, siempre que merecieran pena mayor de seis meses de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada.

El periodo de la Paz Porfiriana no sólo vio los nuevos estatutos de 1891 sino también el nacimiento, en directa relación con los miembros del Colegio, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación Correspondiente a la Real de Madrid (1894).

Con la Revolución de 1910 vino la desorganización del Colegio. Después de la entrada en vigor del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales (1931), cosa que coincidió con un nuevo periodo de paz en el país, el Colegio inició una nueva etapa en su vida, con los estatutos de 4 de diciembre de 1933. Éstos fueron reformados en 1945, para ajustarse a las disposiciones de la llamada Ley de Profesiones. Posteriormente, los mismos se han reformado por acuerdo de la junta general anual de 20 de diciembre de 1995 y de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de 10 de julio de 1997, respectivamente.

A pesar de las enormes dificultades políticas y económicas, de la incomprensión y desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica, el Colegio ha logrado mantenerse y sortear los abundantes peligros que lo acometieron a lo largo de los últimos ciento treinta y nueve años.

Orgullosamente es heredero de mucho de los más insignes juristas de antaño que formaron parte de él y que, incluso, lo dirigieron. Por sólo mencionar algunos, los primeros que saltan a la memoria, tenemos a D. Manuel de la Peña y Peña, D. José María de Lacunza, D. Teodosio Lares, D. José María Lafragua, D. José María Iglesias, D. José Urbano Fonseca, D. José María del Castillo Velasco, D. Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, D. Pablo Macedo, D. Luis Méndez, D. Sebastián Lerdo de Tejada, D. Agustín Rodríguez, etcétera.

Los anteriores personajes, independientemente de sus debilidades humanas e ideas políticas, son orgullo del foro y de la ciencia jurídica nacionales.

Entre otros ilustres abogados que han sido miembros del Colegio encontramos a D. Germán Fernández del Castillo, D. Javier Cervantes, D. Toribio Esquivel Obregón, D. David Casares, D. José Arce y Cervantes, D. Manuel Escobedo, D. Álvaro Espinosa Barrios, D. Gustavo R. Velasco, D. Francisco Xavier Gaxiola, D. Francisco García Jimeno, D. José Luis de la Peza M., y muchos otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del Derecho.
Hoy el Colegio mantiene su ya bicentenaria tradición de ser una casa abierta al estudio del Derecho y preocupada por la excelencia de la profesión. Sus ideales, recientemente consagrados en un Código de Ética Profesional y nuevos estatutos se insertan en una larga tradición de honor y respetabilidad



Real cédula

Setenta y ocho maravedis.
Sello tercero, sesenta y ocho Maravedis, año de mil setecientos y sesenta.

El Rey










Virrey Gobernador y Capitan General de las Provincias de la Nueva España y Presidente de mi Real Audiencia de ellas que reside en la Ciudad de Mexico. El Marques de las Amarillas vuestro antecesor en esos cargos dio cuenta en carta de once de octubre del año proximo pasado de que a exemplo del Colegio que tienen en esta Corte los Abogados de mis Consejos se ha intentado fundar uno por los de ese Reyno con asignaciones impuestas para los fondos que se han proyectado a los fines de socorrerse en las enfermedades, entierros, viudas e hijos de los que fallecieron en pobreza y por que tomada la venia correspondiente formaron Estatutos y se le presentaron pidiendo me informase de la utilidad y necesidad de concederse esta congregación no hallando motivo alguno que se oponga ni advirtiendo inconvenientes me dava cuenta con el Testimonio que acompañaba el qual refiere lo actuado e incluye los Estatutos firmados para que en su vista me sirviese de concederles la Licencia que impere prebia a la fundacion ideada; pues aviendo examinado los citados Estatutos no hallaba reparo en otro que en el veinte y ocho cuya execucion podria en algunos casos ofrecer resultas poco convenientes a la reserva de los negocios que se manejan por los Tribunales y el embarazo semanario de los Escrivanos y oficiales mayores ser causa de algun atraso por la necesidad de registrar antecedentes pudiendo dejarse este particular a la buena fe de los mismos Abogados para que contribuyesen a proporcion de los negocios que se les hubiesen cónsultado y hayan intervenido o con otro advirtió que equibalga a este que prepara inconvenientes sobre que tambien me dignase de determinar lo que fuese de mi Real agrado. Y aviendose visto en mi Consejo de las Indias la citada carta y Testimonio con otra de la Audiencia de esas Provincias y una instancia de los nominados Abogados sobre el mismo asumpto y lo que en inteligencia de todo expuso mi Fiscal teniendo presente que el citado Estatuto veinte y ocho se debe entender en terminos regulares y en aquellas Comisiones e informes publicos pues en los reservados no estaràn obligados a la satisfacción han estado encargados en alguna Comision y que por lo que mira a la demora de los negocios siendo celoso el recaudador pocos antecedentes tendra que registrar el Escribano o su oficial mayor. He tenido a bien el aprobar y confirmar los referidos Estatutos y que en su virtud se crea el nominado Colegio con el Titulo de Il.re admitiéndole devajo de mi Real protección y conceder la facultad de que puedan variar reformar o añadir los examinados Estatutos segun los tiempos y circunstancias que ocurran con noticia y aprobación de esa enunciada Audiencia y participaros lo referido (como lo executo) para vuestra inteligencia y que por Despacho de este dia se comunica tambien a esa Audiencia a fin de que igualmente que vos honrre al citado Colegio guardandole y haciendole guardar las prerrogativas y preheminencias que se guardan a los Abogados de el Colegio de esta Corte, procurando su aumento como dirigido a una obra de honor y misericordia lo que fio de vuestro amor y celo a mi Real servicio. Fecha en el B.en Retiro a veinte y uno de Junio..... de mil, setecientos y sesenta.

Yo El Rey

Por man.do del Rey Ntro. Sr.
D. Jose I. de Goyeneche

Al Virrey de la Nueva España participándole averse aprobado los Estatutos formados para el Gobierno del Colegio que con el Título de Il.re y devajo de la Real protección han de regir en la Ciudad de México los Profesores de la Abogacía para que execute lo demas que se aprueba.

México 16 de diciembre de 1760.

Cumplan lo que V. M. manda en la precedente Rl. Cedula, y asentada en los libros de mi Legmo. govierno se dara testimonio a los órganos del Ile. y Rl. Colegio de Abogados que se han presentado quedando original para el archivo de una Secretaría.

El Marques de Amarillas

Queda Assda: esta Rl. Cédula en uno de los Libros del of. De Gobierno y Guerra a mi cargo y sacado de testimonio que se expresa en el superior Decreto que antecede México y setiembre 16 de 1764.


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